Políticas Públicas y Programas Preventivos Exitosos a Nivel Internacional

El crimen y la violencia son fenómenos que aquejan a todo el mundo sin importar ni respetar fronteras, por lo que, frente a esta realidad, reducir la criminalidad y promover la seguridad se convierten en prioridades en las agendas públicas, y para ello, los gobiernos y las comunidades de cada país deben buscar soluciones que no solo se enfoquen en el castigo, sino también en la prevención, ya que la criminalidad está vinculada a múltiples factores que facilitan su expansión dentro de cada sociedad, siendo aquí donde entran en juego las políticas públicas y los programas preventivos.

En base a lo anterior, cabe destacar que, en muchos países, dichas acciones han logrado resultados inspiradores desde la perspectiva internacional, no obstante, al hablar de políticas públicas y programas preventivos exitosos no se trata solo de mencionar la reducción en las cifras de delitos, ya que esto va mucho más allá, pues es necesario entender cómo ciertas estrategias han logrado transformar realidades complejas, mejorar la calidad de vida y devolver la confianza a la ciudadanía.

Es por lo que, en esta primera entrada, se hará una exploración de algunos de esos programas que, a nivel internacional, destacan por su impacto positivo y por las lecciones que pueden ofrecer a otros países que enfrentan desafíos similares en materia de seguridad.

Pero inicialmente, de acuerdo con Hernández, L. D. (2015), se requiere entender qué es una buena práctica en materia de prevención del crimen según discusiones y experiencias internacionales, planteando que esta se dirige hacia una orientación filosófica que permite comprender que una buena práctica en prevención es aquella que se adapta a las realidades locales y que toma en cuenta el involucramiento de diversos actores desde una perspectiva inclusiva, así como la integración de criterios de evaluación que permitan conocer realmente el éxito o fracaso de cada iniciativa, resultando en sí que una buena práctica no solo se trata de la aplicación, y ya, de las estrategias, sino que debe ser un instrumento de aprendizaje sobre cómo hacer que las intervenciones sean más efectivas, eficientes e innovadoras según los diversos contextos donde se apliquen. (p.16).

Ahora bien, según dichas consideraciones, se destaca que en Latinoamérica hay países que cuentan con políticas públicas e iniciativas en materia de prevención y reducción del delito, con elementos y herramientas que han resultado eficientes como buenas prácticas en esta materia, y cuyo análisis puede servir para realizar discusiones, intercambios, comparaciones y recomendaciones que permitan su reproducción en contextos de otros países.

Partiendo de allí, se analizan, desde la perspectiva internacional, los siguientes países como ejemplo para comprender cómo las políticas públicas y los programas preventivos han resultado exitosos:

La Prevención del Delito en México

A nivel internacional, México es uno de los países más conocidos por la fuerte influencia que tiene la criminalidad dentro de su territorio, con fenómenos como el narcotráfico, los homicidios, el secuestro y la extorsión, situaciones que generan principalmente la inseguridad ciudadana, lo que se agrava por la desconfianza de los ciudadanos hacia las instituciones y cuerpos policiales encargados de la seguridad, y que, a su vez, enfrenta el desafío de contar en cada estado y municipio con una policía con autonomía propia, lo que, en sí, dificulta la gobernabilidad y la implementación de políticas de seguridad.

No obstante, al hablar de política de prevención del delito, los esfuerzos iniciaron a partir de los años noventa a través de la creación del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), el cual fue guiado por debates que exponen que la prevención del delito debe basarse en un enfoque multicausal diferente al aumento de las penas y a la reacción militar, pero cabe resaltar que en México quien se encarga de formular la política criminal y la política de prevención del delito es la Comisión de Seguridad Pública (CSP), mientras que los principales responsables de aplicar dichas políticas son los gobiernos locales de cada estado.

Inicialmente, durante el periodo 2006 – 2012 donde fue presidente Felipe Calderón el país mexicano experimento una etapa de militarización en la lucha contra el narcotráfico, pero también se empezaron a consolidar programas preventivos, en donde empezó a destacar el Programa Nacional de Seguridad Pública 2008 – 2012, que además de perseguir a los grupos criminales, incluyo y promovió la participación comunitaria y la recuperación de espacios públicos, con el surgimiento de iniciativas como Escuela Segura o la recuperación de áreas urbanas para la convivencia social.

Dentro de esta misma línea, en 2012 se promulgó la Ley General para la Prevención de la Violencia Social y el Delito, que creó el Centro Nacional de Prevención del Delito, encargado de recopilar datos, analizar tendencias criminales y cofinanciar proyectos locales para fortalecer la prevención.

Por su parte, uno de los programas más conocidos de intervención integral es el programa “Todos Somos Juárez” desarrollado entre los años 2010 y 2011, en donde el gobierno federal, junto con autoridades locales y organizaciones civiles, invirtió cerca de 380 millones de dólares para rescatar a Ciudad Juárez, la  cual era azotada por una violencia extrema, para ello, el programa incluyó mejoras urbanas, reforzamiento de servicios sociales y participación ciudadana con jóvenes, lo que llevo a una reducción significativa de los homicidios, pero en si cabe destacar que su continuidad se vio afectada por cambios políticos y por la falta de evaluaciones que midieran su impacto real a largo plazo.

En la siguiente noticia se observa cómo el expresidente mexicano Felipe Calderón defiende la estrategia Todos Somos Juárez a través de una publicación de Harvard, la cual, a su vez, resalta que el éxito de una política pública depende en gran medida del papel prioritario que se le otorga tanto a la comunidad como a las y los jóvenes.

Link de la noticia: Calderón defiende la estrategia en Ciudad Juárez en publicación de Harvard.

Posteriormente, durante el mandato de Enrique Peña Nieto 2012 – 2018 se lanzó el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 2014 – 2018, el cual contaba con un enfoque más amplio que incluía factores sociales, culturales y económicos, buscando intervenir en comunidades vulnerables, mediante proyectos enfocados en juventud, mujeres, cohesión social y urbanismo, aunque también enfrentó el desafío de mantener su aplicación constante y de evaluar sus resultados de forma clara.

A su vez, la Línea Verde en Aguascalientes, demuestra que, incluso en contextos complejos, proyectos urbanos bien planificados pueden convertirse en herramientas de prevención, ya que el proyecto transformó un espacio urbano deteriorado en un parque lineal, reduciendo delitos en la zona y fomentando la participación comunitaria.

En síntesis, de este primer análisis, se puede destacar que aunque en la actualidad México sigue enfrentando enormes retos en materia de seguridad, su experiencia muestra que la prevención del delito es posible cuando se combina la intervención social, la recuperación de espacios públicos y la participación activa de la ciudadanía, y que algunas de sus principales limitaciones se presenta a la hora de la continuidad de los proyectos y los indicadores a largo plazo, pero a pesar de ello, dichas políticas y programas han resultado exitosas.

Evolución de las Políticas de Seguridad y de Prevención del Delito en el Salvador

El Salvador ha sido un país marcado por la violencia y control territorial que ejercen las pandillas, conocidas como maras, y que durante años, las respuestas gubernamentales estuvieron dominadas bajo el enfoque de políticas represivas, conocidas popularmente como de mano dura, las cuales se basan en endurecer las penas y criminalizar a ciertas pandillas, sin embargo, estas respuestas llevaron a efectos contraproducentes, reflejados en miles de jóvenes detenidos sin pruebas y un hacinamiento carcelario que terminó fortaleciendo a las maras, dado a que encontraron en las prisiones un espacio para reorganizarse y consolidar su poder.

Aunque lo mencionado ocurrió entre los años 2003 y 2004, ya en 1999 hubo intentos de incorporar la prevención, cuando se lanzó la Alianza por la Seguridad, que incluía elementos preventivos y buscaba acercar a la Policía Nacional Civil (PNC) a las comunidades, sin embargo, el estallido de violencia contra las maras impidió su implementación y continuidad en las comunidades, de forma similar, en el año 2000 se impulsó el Programa Paz Social, que pretendía diferenciar la violencia social de la delincuencial y fomentar la coordinación interinstitucional, pero fracasó ante el avance que habían alcanzado las pandillas.

Posteriormente, en el año 2007, desde la perspectiva preventiva, se crea la Comisión de Seguridad Ciudadana y Paz Social, la cual propone un documento con 75 recomendaciones para transformar la seguridad en El Salvador, apostando por una visión integral y participativa, alejada de la represión, y aunque influyó en discursos y planes posteriores, sus propuestas principales en materia de seguridad y prevención nunca se implementaron en su totalidad.

Ahora bien, en cuanto a uno de los casos concretos más exitosos, está PROJÓVENES, un programa financiado por la Unión Europea, cuyo objetivo fue ofrecer oportunidades a jóvenes en riesgo mediante actividades culturales, deportivas, educativas y de empleo, y que se desarrolló en dos fases, de 2003 a 2008 y de 2009 a 2014, impactando a miles de jóvenes en zonas vulnerables, construyendo espacios públicos y promoviendo la participación comunitaria.

Así mismo, un avance significativo llegó con la Política Nacional de Justicia, Seguridad Pública y Convivencia del gobierno de Mauricio Funes 2009 – 2014, que intentó equilibrar acciones represivas con medidas de prevención, destacando que bajo este enfoque surgió en 2012 la Estrategia Nacional de Prevención de la Violencia, la cual apostó por la intervención territorial en los municipios más afectados con la participación de distintas instituciones y de la sociedad civil.

En el año 2015 se dio a conocer el plan El Salvador Seguro, destinado a invertir el 73 % de sus fondos en prevención, presentándose como un giro radical respecto a las políticas puramente represivas, cuyo objetivo fue focalizar esfuerzos en los 50 municipios más violentos del país, combinando intervenciones sociales, urbanas y de seguridad.

Además, cabe destacar la experiencia de Santa Tecla, un municipio que ha logrado reducir drásticamente los homicidios a través de una política local de seguridad ciudadana basada en la participación vecinal, la recuperación de espacios públicos, alianzas con actores del sector privado e internacional, y un enfoque integral, que entre los años 2003 y 2015 evidenció una reducción de aproximadamente el 75 % en los casos anuales de homicidios.

Por tanto, según estas consideraciones sobre el caso salvadoreño, se observa que, aunque los enfoques de mano duran han predominado, es posible desarrollar perspectivas integrales que evidencian una reducción e impacto significativo cuando se integran la prevención social, la participación ciudadana y una intervención adaptada al contexto territorial, mostrando así una estrategia de seguridad mucho más sostenible que las tradicionales.

Los Intentos de Coordinación Institucional de la Política de Seguridad Ciudadana en Brasil

Cuando se habla de la seguridad en Brasil, también hay que mencionar los contrastes que existen con el resto de Latinoamérica, porque es un país con mayor extensión, más habitantes y profundas desigualdades, y uno de sus grandes retos es su sistema federal, donde cada estado tiene amplias competencias para definir sus propias políticas de seguridad, lo que hace más difícil poner en marcha estrategias nacionales uniformes, sumándose a esto la segregación urbana, donde en un mismo espacio conviven barrios ricos amurallados y favelas en las que el Estado ha estado históricamente ausente, permitiendo que grupos criminales ejerzan su propio gobierno.

Sin embargo, desde mediados de los años noventa, el gobierno federal ha intentado coordinar esfuerzos, creando organismos como la Secretaría Nacional de Seguridad Pública en 1998, el Consejo Nacional de Seguridad Pública en el 2000 o el Sistema Único de Seguridad Pública en 2003, pero estas iniciativas se han encontrado con diversas trabas políticas y administrativas, lo que llevó a no poder reducir la criminalidad significativamente.

Un intento de cambiar la perspectiva fue el Programa Nacional de Seguridad Pública con Ciudadanía, conocido como PRONASCI, impulsado durante los gobiernos de Lula da Silva, que buscaba combinar acciones policiales con proyectos sociales, especialmente en zonas urbanas conflictivas, con la idea de ir más allá de la represión y atacar las causas de la violencia, como la falta de oportunidades para los jóvenes, pero aunque resultaba innovador, el PRONASCI enfrentó problemas, ya que los proyectos venían diseñados desde el nivel federal sin ajustarse bien a las realidades locales y a la gestión política de cada zona, lo que limitó su impacto, además de que el financiamiento del programa no tuvo un seguimiento claro debido a la gran variedad de iniciativas, por lo que sus efectos fueron modestos y poco definidos.

A su vez, uno de los proyectos más emblemáticos fue el de las Unidades de Policía Pacificadora en Río de Janeiro, con el que se buscaba retomar el control de las favelas dominadas por grupos criminales, combinando operativos policiales con programas sociales, destacando que al inicio se logró una reducción de los homicidios en las zonas intervenidas y hubo mejoras en el acceso a servicios como salud y educación, sin embargo, en los resultados se evidenció que el componente social fue débil y dado que el enfoque se centró demasiado en el control policial, dejando a muchas comunidades con una presencia militar pero sin soluciones profundas a los problemas de exclusión social.

En el siguiente video se muestra cómo los esfuerzos de las Unidades de Policía Pacificadora lograron expulsar a narcotraficantes de algunas favelas que durante décadas estuvieron bajo su control:

Video 1. Unidades de Policía Pacificadora ocupan doce favelas en Río de Janeiro. (AGENCIA EFE, 2013). 

Por otro lado, el estado de Pernambuco representa uno de los casos más interesantes con su Pacto por la Vida, que comenzó en 2007 bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Campos, y este plan se enfocó en reducir homicidios, estableciendo metas claras de disminución anual, destacando que lo innovador fue combinar un enfoque técnico con un uso intensivo de datos y análisis, junto con una estrategia de articulación interinstitucional y participación ciudadana, cuyos resultados fueron impresionantes, ya que solo en la capital, Recife, los homicidios se redujeron significativamente en pocos años.

Por tanto, este último ejemplo, y considerando que, aunque Brasil sigue siendo un escenario complejo donde la violencia tiene raíces en diversas causas, el caso como el Pacto por la Vida en Pernambuco muestra que, con compromiso político, metas claras y coordinación, es posible lograr resultados concretos.

Las consideraciones expuestas a lo largo de esta entrada muestran que, aunque durante años las políticas públicas en América Latina estuvieron marcadas por un enfoque principalmente represivo, se ha ido avanzando hacia modelos más integrales y preventivos, y aunque los retos siguen siendo enormes, es innegable que ha habido cambios significativos y progresivos en la manera de abordar la seguridad y la prevención del delito.

De acuerdo con Frühling. H. (2012), se puede mencionar que los esfuerzos más relevantes en la región se han concentrado, principalmente, en los siguientes aspectos:

• Enfoques de prevención social, orientados a intervenir en las causas profundas de la violencia, como la desigualdad, la exclusión social y la falta de oportunidades.
• Programas dirigidos a la juventud en riesgo, reconociendo que los jóvenes son tanto víctimas como actores potenciales de dinámicas delictivas, y que brindarles alternativas educativas, culturales y laborales es clave para romper esos ciclos.
• Focalización específica en municipios o ciudades, priorizando territorios con mayores índices de violencia y criminalidad, lo que permite intervenciones más precisas y eficaces.
• Actividades disuasivas mediante el control policial, que, aunque necesarias, se han complementado con estrategias sociales y comunitarias, alejándose poco a poco de la visión exclusivamente punitiva. (p.23).

Siendo así, la experiencia de países como México, El Salvador y Brasil demuestra que la prevención del delito no es un camino rápido ni sencillo, pero sí posible cuando existe voluntad política, participación social y políticas diseñadas a partir de diagnósticos sólidos y no solo de lineamientos generales hechos en un escritorio, pero en estos países, aunque han enfrentado limitaciones en aspectos políticos, financieros, de participación, seguimiento e indicadores, de manera factible han contribuido a la reducción de la violencia.

Referencias bibliográficas

AGENCIA EFE. (2013). Unidades de Policía Pacificadora ocupan doce favelas en Río de Janeiro. [Archivo de video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=k3ZE51zqw2k

CNN México. (2013). Calderón defiende la estrategia en Ciudad Juárez en publicación de Harvard. Expansión. https://expansion.mx/nacional/2013/02/17/calderon-defiende-la-estrategia-en-ciudad-juarez-en-publicacion-de-harvard

Frühling. H. (2012). La eficacia de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe: Como medirla y como mejorarla. http://dx.doi.org/10.18235/0007652

Hernández, L. D. (2015). Informe experiencias exitosas en prevención de la criminalidad en América Latina. Una perspectiva territorial de las políticas públicas de seguridad ciudadana en América Latina. Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad (CIPC). https://aprende.uned.ac.cr/pluginfile.php/1830167/mod_resource/content/0/Informe_Experiencias_exitosas_en_AL_2015_VF.pdf